La justicia autoriza manifestaciones que había prohibido el Gobierno.

La intención del Ejecutivo de frenar distintas manifestaciones convocadas para este fin de semana se ha desbaratado en unas horas. Dos tribunales autonómicos tumbaron este jueves la decisión de varias delegaciones del Gobierno de prohibirlas en una decena de ciudades. Y la Fiscalía, que se llegó a oponer de forma directa a una de esas suspensiones, difundió también esta mañana un escrito donde recordaba que el estado de alarma no es razón “suficiente” para impedir las protestas. 

La cascada de varapalos se precipitó por la tarde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abrió la veda y dejó sin efecto, en sucesivos autos, hasta nueve resoluciones de las subdelegaciones del Gobierno en la comunidad, que habían prohibido las manifestaciones de Vox convocadas para este sábado en las nueve capitales de provincia de la región. Los magistrados consideran que impedir esas protestas vulnera los derechos políticos de los ciudadanos, ya que las movilizaciones prevén medidas de seguridad para evitar el contagio —como el uso de mascarillas— y consisten en caravanas de “vehículos particulares cerrados”.

No estoy nada de acuerdo ya que no cumplieron ninguna norma, como se ve en la foto hay una multitud de gente incumpliendo todas las medidas de seguridad. Para mí, en tiempos de coronavirus no es momento de manifestarse.

Las hermandades respetarán la decisión que tome la justicia sobre la celosía de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías ha manifestado en un comunicado, emitido este miércoles, que será "totalmente respetuosa" con aquello que decida la justicia sobre la reposición de la celosía que en 2017 fue retirada para posibilitar la apertura de la segunda puerta de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya apelado el recurso emitido por la Administración autonómica y la Agrupación de Cofradías contra la reposición, las hermandades han admitido que no han recibido ningún comunicado oficial y que todo lo que saben es por la prensa. 

En el comunicado recalcan que estudiarán la sentencia y que cuando exista una decisión clara sobre el asunto la expondrán públicamente.

La nueva Justicia a dos metros.

La Ciudad de la Justicia reduce su aforo en más de 8.000 personas, limita la capacidad de las salas, instala mamparas y estudia cómo ampliar dependencias.

'A dos metros de ti' es un drama en el que dos enfermos de fibrosis quística deben mantener esa distancia de seguridad para evitar contagios que puedan resultar letales. El argumento de la película -al margen de las enfermedades- sirve para explicar una de las claves de la desescalada y de esa nueva normalidad que parece ya manida antes de estrenarla. La Justicia nunca ha sido rápida. Ahora, tampoco será cercana. La distancia de los dos metros se impone sin salvedades. LAS PROVINCIAS visitó el miércoles la Ciudad de la Justicia, la principal sede de la Comunitat, para comprobar cómo la Administración se adapta a las nuevas reglas.

Lo que más sorprende es la calma. A la entrada, un grupo de no más de diez personas aguarda su turno. En el suelo, señalado, tienen la posición que deben ocupar. Esos recientes dos metros no es que sean una distancia de cortesía sino de seguridad. «Al registro civil cuando sale uno, entra el otro», aclara una responsable. La Guardia Civil controla los accesos. Al registro, por una dirección. Profesionales, por otra.

La Justicia europea examinará de nuevo el IRPH: un millón de hipotecas queda en el aire.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) revisará de nuevo la legalidad de la aplicación del IRPH (Índice de Referencias de Préstamos Hipotecarios) por la banca española, algo que deja en el aire de nuevo la gestión de un millón de hipotecas y, al mismo tiempo, el destino de los 17.500 millones de euros que las principales entidades financieras españolas habían provisionado para hacer frente a otra crisis derivada de sus prácticas en este segmento de su negocio.

Muy interesante esta noticia.

En esta entrada añado información sobre como va a actuar la justicia en la economía en tiempos de Covid-19.

El Ministerio de Justicia tiene la capacidad de “liberar” casi 2.000 millones de euros a la economía en un mes.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tiene en su mano el poder de “liberar” a la economía nacional en el corto espacio de un mes más de 2.000 millones de euros, correspondientes a las cuentas y depósitos de consignaciones judiciales, lo que ayudaría a muchos ciudadanos y empresas en estos tiempos tan complicados provocados por el COVID-19.

Sin duda tendría un impacto muy positivo en la economía.

Está en la mano de los letrados de la Administración de Justicia -antes secretarios judiciales-, un cuerpo profesional que depende del propio Ministerio y cuyo jefe máximo es el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues. 

Esta es, precisamente, la primera de las propuestas que ha realizado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAD) al Ministerio: un “ plan de choque para la agilización de los pagos judiciales“.

“Si el Ministerio aceptara lo que le proponemos en nuestro ‘plan de choque’, los letrados judiciales aseguramos que, en el plazo de un mes, devolveríamos a la economía 2.000 millones de euros“, asegura Rafael Lara, presidente del CNLAD, la asociación mayoritaria de este cuerpo profesional.

Actualmente, los letrados judiciales tardan una media de seis meses en emitir mandamientos de pago y transferencias. De acuerdo con el plan de actuación que proponen, es factible reducir ese tiempo a un mes.

El dinero procede, principalmente, de las consignaciones que realizan empresas o ciudadanos que han sido condenados por diversos motivos y en las distintas jurisdicciones (civil, familia, social, mercantil, etcétera).

Una vez consignado el importe los letrados de la Administración de Justicia realizan el pago de estos saldos a los beneficiarios de acuerdo con lo indicado por el juez en la sentencia (el mandamiento de pago, que puede ser en papel, por lo que hay que acudir a cualquier oficina del Santander) o por vía telemática.

Estas cuentas ingresaron el pasado año casi 7.600 millones de euros y los letrados judiciales dieron salida a otros 7.600 millones.

Iglesias, sobre la condena a Serra: "Muchos piensan que la Justicia no es igual para todos"

Pablo Iglesias abordó este jueves la condena a 19 meses de cárcel que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha impuesto a la diputada y portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, por incurrir en delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños durante la protesta contra un deshaucio en 2014. Este miércoles, el vicepresidente publicó un tuit crítico que no sentó bien a parte de la judicatura pero en rueda de prensa repitió el mismo argumentario: "Yo me limité a trasladar algo que piensa mucha gente en la sociedad. No dije lo que pienso de la sentencia, que se lo pueden imaginar. Dije que hay mucha gente en este país que piensa que no siempre la justicia es igual para todos y que los corruptos se han ido muchas veces de rositas".Iglesias arrancó su valoración con un aviso: "Las decisiones judiciales hay que acatarlas". Y a partir de ahí, se convirtió en altavoz de los que cargan contra la condena: "El estado de alarma no prohíbe que la gente pueda criticar". "Me limité a trasladar algo que piensa mucha gente". "En democracia no está prohibido criticar las sentencias". "Quien quiera poner una mordaza a los españoles creo que piensa que vive en un estado autoritario". Las críticas quedaron así en boca de terceros, y el vicepresidente se presentó como un mero transmisor que confía en el recurso de Serra: "Yo estoy completamente convencido de que el Tribunal Supremo va a darle la razón".

Personalmente, estoy muy de acuerdo con el argumento que explica que la justicia no es igual para todos. Ya que siempre es así; el que más tiene va a conseguir todos los privilegios en todos los ámbitos que pueda, tanto en justicia, como en sanidad o cualquier otro tema que queramos valorar. Y, por supuesto, no debería ser así.